El diputado perremeísta Sergio Moya, citado en el expediente de la red de corrupción Calamar, negó este jueves cualquier vínculo con el caso y aseguró que, si se demuestra que ha recibido «un solo peso en perjuicio del Estado dominicano», renunciará a su cargo.
En sus primeras declaraciones sobre este expediente, Moya, conocido como Gory, calificó de «infamias» las acusaciones en su contra a partir del caso Calamar, por el que están detenidas 20 personas, entre ellas los exministros de Obras Públicas y antiguo candidato presidencial Gonzalo Castillo, Donald Guerrero (Hacienda) y José Ramón Peralta (Administrativo de la Presidencia).
Los delatores del caso revelaron a las autoridades que Moya, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), era parte de un esquema de extorsión a bancas de lotería, de acuerdo con extractos del expediente publicados por medios locales.
Sin embargo, el congresista aseguró este jueves, que «no existe ni existirá un solo dueño de banca que pueda demostrar o probar que me haya reunido, hablado o solicitado la entrega de dinero o que haya sido parte de una mafia».
Asimismo, informó de que sus abogados «están recabando todas las pruebas de las mentiras» vertidas en su contra «para que a partir de hoy las discutamos en el plano judicial».
Y para «tranquilidad» de sus colegas, aseguró, que «si me prueba que he recibido de manera irregular un solo peso en perjuicio del Estado dominicano» se retirará de la vida pública y de su condición de diputado.
La Procuraduría General de la República anunció el 19 de marzo el arresto de 20 personas por sus vínculos a una supuesta red de corrupción administrativa.
Entre los detenidos también figuran el ex contralor general de la República Daniel Omar Caamaño, el exdirector del Consejo Estatal del Azúúcar (CEA) Luis Miguel Piccirilo, el exdirector de Catastro Nacional Claudio Silver Peña, los exdirectores de Casinos y Juego de Azar Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández y el abogado y economista Ángel Lockward, entre otros.
El supuesto entramado de corrupción distrajo a los contribuyentes más de 19,000 millones de pesos y afectó a varias instituciones, entre ellas el Ministerio de Hacienda, según el Ministerio Público.